En un giro clave dentro del Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los antiguos integrantes del último secretariado de las Farc aceptaron formalmente su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de al menos 18.000 niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado.
El reconocimiento quedó consignado en un documento de cinco páginas radicado ante la JEP y firmado por Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, junto con Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra. En la carta, los comparecientes manifiestan que aceptan “de manera clara” los hechos y conductas atribuidos en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) dentro del Caso 07, y precisan que este pronunciamiento deja sin efecto cualquier afirmación previa que pudiera interpretarse en sentido contrario, incluidos escritos presentados en julio de 2025 y fechas posteriores.
La Sala de Reconocimiento había requerido en noviembre de 2024 a seis exintegrantes del secretariado para que asumieran su máxima responsabilidad por cinco patrones macrocriminales: el reclutamiento y utilización de menores —incluidos niños y niñas menores de 15 años—; los malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra menores incorporados a la organización; las violencias reproductivas que afectaron principalmente a niñas; las agresiones sexuales contra menores reclutados; y las violencias motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.
Según la JEP, estos hechos se cometieron de manera sistemática y a gran escala entre 1971 y 2016, con un universo estimado de 18.677 víctimas. La Sala también advirtió que, pese a la magnitud de los crímenes, el Estado solo adelantó 387 investigaciones y obtuvo 45 sentencias contra exintegrantes de la antigua guerrilla, cinco de ellas absolutorias.
En el nuevo escrito, los exjefes guerrilleros aceptan de forma expresa los patrones relacionados con el reclutamiento forzado, los tratos crueles, las torturas, los homicidios y las violencias reproductivas. Sin embargo, frente a los patrones cuarto y quinto —referidos a violencias sexuales y violencias basadas en prejuicio— plantean una discrepancia puntual sobre algunos aspectos de su formulación jurídica.
En el documento aclaran que no desconocen la ocurrencia de hechos de violencia sexual ni condicionan su reconocimiento de responsabilidad. No obstante, expresan preocupación por la diferenciación entre los patrones IV y V, al considerar que ambos se refieren a violencia sexual, y señalan que su observación busca precisar el alcance de las calificaciones jurídicas sin negar los hechos.
Los firmantes sostienen además que asumen de manera consciente su responsabilidad como máximos responsables en nombre de la antigua organización y que su intención es realizar un reconocimiento colectivo, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley Estatutaria de la JEP.
En un comunicado, la JEP recordó que cerca de 2.000 víctimas individuales acreditadas en este proceso son hoy personas adultas que fueron reclutadas cuando eran menores. Varias de ellas, además, padecieron otras formas de violencia al interior de la guerrilla, incluidas agresiones de género y por prejuicio. El universo de víctimas también incluye familiares de menores reclutados que continúan desaparecidos. En articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Sala adelanta la búsqueda de 485 niños y niñas que no regresaron a sus hogares.
Por su parte, la magistrada relatora del Caso 07, Lily Rueda, explicó que actualmente la Sala analiza las observaciones presentadas por las víctimas acreditadas, el Ministerio Público y los comparecientes. Indicó además que estas manifestaciones de reconocimiento son puestas en conocimiento de las víctimas para su valoración y que, en cumplimiento del mandato constitucional, también se dejan a disposición de la sociedad.
De avanzar satisfactoriamente este proceso, la Sala podría convocar a una audiencia pública de reconocimiento y habilitar a los comparecientes para acceder a sanciones restaurativas dentro del modelo de justicia transicional.