Un dron cargado con explosivos cayó en la vereda La Jagua, zona rural del municipio de Segovia (Antioquia), causando la muerte de tres civiles: María Cecilia Silva y sus dos hijos. El hecho, ocurrido el jueves 26 de febrero, ha generado conmoción en la región y reaviva la preocupación por la intensificación del conflicto armado en el nordeste antioqueño.
La zona enfrenta una alta confrontación entre grupos armados ilegales que disputan control territorial y economías ilícitas, situación que mantiene en riesgo permanente a la población civil.
A través de un comunicado, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) atribuyó la autoría del ataque a un frente de las disidencias de las FARC. El grupo señaló que lo ocurrido constituye un crimen de guerra al vulnerar el Derecho Internacional Humanitario, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, al tratarse de un ataque contra personas no combatientes.
El hecho ha despertado temor entre los habitantes de la zona, quienes denuncian que la población civil queda atrapada en medio de la confrontación armada.
Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las disidencias de las FARC frente a este grave hecho que enluta a una familia y conmueve al país.